VIII Observatorio trimestral del mercado de trabajo

La nueva Ley de Empleo, diseñada para reforzar las políticas activas de empleo en todas sus dimensiones, se presenta como un paso adelante necesario en la mejora del mercado laboral. Sin embargo, esta normativa, aunque esencial, no será suficiente por sí sola para superar las deficiencias actuales en la capacidad de las administraciones de empleo para implementar estas políticas efectivamente, debido a limitaciones en recursos humanos, técnicos y presupuestarios. La excepción, al menos en lo legislativo, lo encontramos en la Ley 15/2023 de Empleo, de 21 de diciembre, aprobada por el Parlamento Vasco.

Otra reflexión sobre la activación en el empleo merece el reciente Real Decreto-Ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, que para algunas voces críticas podría disminuir los incentivos para buscar trabajo. Las ayudas económicas deben estar diseñadas para compensar ingresos perdidos sin desmotivar la inserción laboral. Lo cierto es que, actualmente, se invierten 21.000 millones de euros en políticas pasivas, en contraste con los 8.000 millones destinados a políticas activas de empleo. Para fomentar un mercado laboral dinámico y con tasas de empleo elevadas, es crucial enfocarse en un conjunto de políticas activas eficaces.  Resulta preocupante que menos del 10% de los casi tres millones de desempleados en España participen en cursos de formación, especialmente cuando hay un remanente de 5000 millones de euros en el Ministerio de Trabajo desde 2015, correspondiente a excedentes de las cuotas de Formación Profesional pagadas por empresas y trabajadores.

Es importante evitar la sangría que el paro de larga du-ración lastra a los mayores de 52 años, siendo necesarias medidas legislativas como la propuesta 4 por 1 de los dos sindicatos más representativos de rebajar las cotizaciones a este colectivo para incentivar su contratación y desincentivar su salida del mercado de trabajo. El coste de las jubilaciones anticipadas ya ronda los 4000 millones anuales, y parece difícil la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social cuando los españoles ya viven una media de 83,3 años y solo un 3,3% trabaja más allá de los 65, cuando en Japón lo hace un 25%.  De hecho, los convenios colectivos que favorecen la jubilación antes de los 65 años subieron un 39% en 2023.

Por contraste, los despidos de las personas discapacita-das han sido abordados a la luz de la normativa europea, exigiendo que antes de producirse la extinción las em-presas deberán demostrar que la adaptación de la persona trabajadora al puesto de trabajo supone una carga excesiva en términos de coste.

Tras esta breve introducción, te animamos a ampliar la información descargándote el “VIII Observatorio trimestral del mercado de trabajo”.