En un contexto de alta inflación y perspectivas inciertas debido a las tensiones geopolíticas, el estancamiento de las economías europeas, la caída del sector industrial y las principales variables macro (inversión, exportaciones, importaciones, gasto público… y previsible caída del consumo) la economía española ha pasado de tener un destacado repunte durante los años 2021 y 2022 -tras la debacle pandémica de 2020- a la sensación de agotamiento a lo largo de este año. Aunque las revisiones habidas para las previsiones de incremento del PIB han sido inicialmente al alza para el cierre de 2023, aún hay muchas incógnitas sobre cómo acabaremos el año, y las revisiones para 2024 son claramente a la baja.
Coste de la vida
El costo de vida ha aumentado, impulsado por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, y ante una mayor inflación, una menor demanda externa y un aumento de los tipos de interés, la actividad económica ha demostrado bastante resiliencia y el apoyo de los fondos Next Generation deberían justificar las previsiones más optimistas. Según Eurostat, el poder adquisitivo en nuestro país es un 7% inferior al de la media de la Unión Europea y se ha reducido un 5,5% desde 2007, mientras que en la OCDE se ha incrementado un 17,9%. La inflación general se redujo significativamente en 2023 con la caída de los precios de la energía, pero ha vuelto a repuntar a partir de junio y la inflación subyacente sigue siendo alta. A pesar de los avances en materia de desigualdad y pobreza, una cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social. La caída de la renta de los últimos años nos ha devuelto al grupo de países menos prósperos de la Unión Europea, por lo que volvemos a ser elegibles para la percepción de los Fondos de Cohesión.
El envejecimiento de la población, el lento avance en materia de productividad y la baja inversión pesan sobre el potencial de crecimiento de nuestro país. Asimismo, hacer que el crecimiento sea más sostenible requiere mayores esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, luchar contra el cambio climático y abordar los problemas del agua.
El crecimiento del empleo ha sido constante en los últimos trimestres y la reforma del mercado laboral de 2021, más allá de algunas sombras, ha conseguido reducir la tasa de temporalidad no deseada, y eso es importante de cara a las exigencias de la Unión Europea. La tasa de desempleo ha disminuido, pero sigue siendo la más alta de la OCDE y el desempleo, como característica secular de nuestro mercado de trabajo, refleja problemas estructurales que requieren la continuación de los esfuerzos de reforma en curso para abordar los desajustes en materia de recualificación y habilidades, la mejora de las políticas activas de empleo, y el aumento de los incentivos para la activación de las personas paradas después del periodo de desempleo. Si bien la generosidad de las prestaciones por desempleo es similar a la de otros países de la UE, la tasa de reemplazo disminuye más que en otros lugares, lo que reduce los incentivos para volver a trabajar. Por otro lado, junto a las tensiones provoca-das por la creciente job vacancy rate de nuestro mercado de trabajo, la mano de obra “no disponible” ha crecido casi un 60% desde la pandemia y alcanza la cifra de 334.100 personas.
La integración de los jóvenes en el mercado laboral es aún una de las asignaturas pendientes. La tasa de desempleo de las personas menores de 25 años es del 27%, una de las más altas de la OCDE. Muchos jóvenes en España siguen abandonando el sistema educativo, lo que limita sus perspectivas laborales. Las tasas de repetición de curso y abandono escolar prematuro han disminuido significativamente, pero aún estamos entre los países peores de la clase. Promover la colaboración entre administraciones educativas, centros de formación y empresas para ofrecer prácticas, proporcionar docentes o compartir cargas administrativas, puede facilitar a muchas PYME y estudiantes la implantación real de la ansiada formación dual. También una mayor participación de los empleadores en el diseño de los planes de estudio universitarios y la mejora en el asesoramiento y orientación a los alumnos ayudarían a alinear la oferta formativa con las necesidades del mercado laboral.
Varios factores explican la débil productividad y su persistencia en el tiempo, en particular una mala asignación de los factores de producción entre empresas, el predominio de pequeñas y microempresas, el insuficiente gasto público en formación y recualificación, la baja inversión en I+D y un stock insuficiente de capital TIC. Según la OCDE la productividad podría aumentar reduciendo las barreras regulatorias, entre ellas las relacionadas con el tamaño de las empresas, siendo necesario reforzar la difusión de la innovación y las tecnologías digitales a las empresas para aumentar la productividad.
Digitalización
España obtiene buenos resultados en general en digitalización, ocupando el séptimo lugar en el Índice de Economía y Sociedad Digitales de la Comisión Europea, con altas puntuaciones en conectividad y digitalización de los servicios públicos, pero hay poca transferencia al sector privado. Es esencial armonizar la regulación en todo el país como medida de apoyo al crecimiento empresarial, especialmente para las pymes. En este sentido, fomentar la colaboración entre las instituciones públicas dedicadas a la investigación y las empresas reforzaría la baja capacidad para la innovación de nuestro modelo productivo. Los especialistas en TIC aún son pocos, representando sólo el 4,1% del empleo, frente a una media de la UE del 4,5%. Por todo ello, fortalecer la cooperación público-privada para impulsar el crecimiento de la productividad se antoja esencial.