IV Observatorio del mercado de trabajo

Detrás de nuestra capacidad de acercar la oferta y la demanda, y de caminar hacia muchos de nuestros retos (industrialización, digitalización, incrementos salariales, movilidad y rotación laboral deseadas, etc.) que nos conviertan en una economía atractiva a la inversión y sostenible para la generación de empleo, está el debate sobre la formación, y en particular, sobre la formación que demandan las personas y empresas:  aquellas que genere empleabilidad, práctica y con mayor contenido en competencias blandas (skills).

Teniendo en el horizonte la nueva Ley de Universidades, y con una nueva norma sobre Formación Profesional, que no podrá cuajar su prometedor contenido si no consigue acercarse a las necesidades de quienes crean empleo -las empresas, quienes imparten la formación -centros educativos- y a las vocaciones y propósitos -de alumnos, desempleados y trabajadores en proceso de recualificación-, llaman la atención algunas piezas, no menores, del puzzle de la formación que queremos.  Se espera que las universidades nos ayuden en la ampliación de las fronteras del conocimiento y contribuyan a una economía sostenible, innovadora y competitiva que genere riqueza y empleo, para lo cual se requiere una relación de confianza mutua y colaboración estable con las empresas.

Por otro lado, siguen disminuyendo los contratos formativos, cuya presencia en el mapa de la contratación laboral sigue siendo muy escaso (se mueven entre el 0,79% en agosto de 2022 y el 1,30% en octubre) y llevan cayendo desde hace meses, acentuándose estas distorsiones por las incertidumbres sobre el llamado Estatuto del Becario.

Parece que convertir el acuerdo de prácticas no laborales en un competidor de los contratos laborales formativos es un despropósito: genera inseguridad jurídica, precariza las relaciones laborales y no da solución a las necesidades de formación y talento de las empresas. El devenir de los contratos formativos nos indica que sobran rigideces, en plazos, operativa, y encaje con el modelo de contratación laboral existente.

Asimismo, la recién aprobada Ley de Empleo, recoge nuevas medidas sobre los remanentes generados con la cuota de formación profesional que pagan empresas y personas trabajadoras. Si se quiere apostar por la formación y recualificación, debería asegurarse la automaticidad en la asignación a la formación profesional por parte de las empresas, para lo que hay que quitar trabas y lastre a una normativa -la formación para el empleo y los modelos de contratación formativos- que están en la base de las ineficiencias de nuestro mercado de trabajo.

Por otro, está encima de la mesa el debate y las evidencias sobre la productividad. La productividad parecía crecer con incrementos de PIB y población constante, pero el apalancamiento por ERTE y la prohibición de despedir, en tiempos de ralentización económica, aña-de menor productividad en tiempos -anticíclicos- don-de España era donde la incrementaba.  La demanda de trabajo depende de la productividad y de los salarios, y cuanto más se ensanche la diferencia entre ambas variables, mayor impacto negativo tendrá en la creación de empleo.

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