Así, un trabajo decente y sostenible es un trabajo con derechos, bien remunerado, con protección social adecuada, sin discriminaciones y saludable. A partir de estos elementos habrá que estar a la determinación de qué es un trabajo de calidad frente a un trabajo precario.

En cuanto a la remuneración existen mecanismos para garantizar la existencia de una retribución adecuada: en particular, la determinación del salario mínimo interprofesional y el profesional reconocido en los convenios colectivos de sector. Correlativamente, la protección social viene determinada por el alta en el sistema de la Seguridad Social cuando se inicia una actividad laboral y la cotización la marca el salario percibido, de modo que será este el que asegure la atención necesaria.  

Asimismo, el extenso acervo de normas en materia de prevención de riesgos, los deberes empresariales de evaluación y planificación, así como las obligaciones en materia de formación y coordinación de actividades, garantizan en nuestro mercado laboral el cumplimiento de la calificación de saludable para el trabajo.

Hay que hacer una especial mención a la nota de “sin discriminaciones”, que siguiendo en el análisis del ODS número 8, habrá que poner de manifiesto que se tratará de garantizar, sobre todo la igualdad entre hombres y mujeres, para lo cual en los últimos tiempos se ha extendido la obligación legal de desarrollar un plan de igualdad para empresas de más de 50 personas trabajadoras, de establecer registros salariales y poner en marcha auditorias salariales.

Con todo esto, es el propio cumplimiento de la legislación laboral la que lleva, en principio, a que un trabajo sea calificado con decente y sostenible.