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Parece claro que todos los esfuerzos deben centrarse en reforzar la economía productiva y favorecer la creación de empleo. Es necesaria una normativa adaptativa y flexible, que dé seguridad jurídica y permita impulsar las políticas activas de empleo y la colaboración público-privada en materia de intermediación.  Conforme a los modelos más exitosos de la Unión Europea, debe flexibilizarse el mercado laboral, favoreciendo la contratación, al tiempo de dar seguridad a las personas, Para ello es fundamental un diálogo social y negociación colectiva que ayuden hacia esta flexibilidad como garantía del empleo, minimizando impuestos y cotizaciones sobre empleadores, empresas y autónomos, y potenciando la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en especial de los colectivos más vulnerables, jóvenes, parados de larga de duración, mayores de 55,  mujeres y personas con capacidades distintas.