En estos tiempos de incertidumbre y forzada ilusión por la salida de la pandemia, uno de los efectos indeseables de la crisis económica y de empleo es que algunas personas estén empezando a adjuntar su inmunidad a la Covid-19 en el currículum.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, respondió en rueda de prensa que creía ser una práctica ilegal, y que si no, al menos no muy moral. Venga de quien venga, añado yo.
En efecto, en este sobrevenido debate entre inmoralidad e ilegalidad, creo que tenemos que luchar todos por salir de esta crisis poniendo en valor a las personas, la salud y el talento.
Más allá de sectores y profesiones al alza, de millones de parados o en situación de ERTE, el futuro del empleo pasa por un nuevo contrato social. Entre el empleo recurrente y el sostenible debemos apostar por lo segundo. Y empleadores y personas trabajadoras estaremos juntos en la ética, la igualdad de oportunidades y un mundo mejor.
Porque ahora no es tiempo para salir del paso a cualquier precio, es momento de resetear y de aprender de lo sufrido.
Tan reprochable es preguntar a un candidato por su inmunidad frente a la Covid-19 como tratar de sacar ventaja frente a otros, incluyéndolo en el currículum. Nuestra Ley de Empleo exige garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, y acceder a un empleo por circunstancias médicas es claramente ilegal.
Pero es que la Covid-19 parece haber puesto patas arriba nuestro sistema de derechos y libertades. Los debates de estos días sobre riesgo profesional frente a riesgo para la salud pública, o ésta frente a la privacidad, o el deber de protección del empleador frente al derecho a la protección de datos, son muestras de que frente al coronavirus también necesitamos rearmar el estado de Derecho y combatir la inseguridad jurídica.
Ni podemos permitir que la vulnerabilidad que genera el desempleo remueva derechos irrenunciables, ni podemos exigir que empleadores y juristas continúen en la cuerda floja del funambulismo al que nos aboca el envenenado debate entre garantía de la salud y salvaguarda de economía y empleo.
No parece justo que quien genera empleo tenga que cargar con la responsabilidad de asumir el riesgo de que un falso inmune contagie al resto de la plantilla, ni que un desempleado tenga que poner en juego, en la batalla por el empleo, algo tan íntimo y preciado como son los datos sobre su salud.
Y es que necesitamos humildad ante la incertidumbre y determinación para jugar en el terreno que conocemos. Y dibujar las dimensiones de éste y las reglas de juego, es también deber del modelo regulatorio.
De esta regulación es la responsabilidad de generar un entorno de seguridad jurídica que clarifique si el derecho a la privacidad de hoy es el mismo que hace muy poco nos quisimos exigir los miembros de la Unión Europea. Y de cómo garantizar ese derecho de forma sostenible con otros derechos, como la salud pública o la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
Y ya por pedir, también alguien deberá, cuanto antes, dibujar las líneas rojas de la certidumbre cuando hablemos de anticuerpos, seroprevalencia y garantías de inmunidad. Sobre todo, para que no broten los listos que quieran sacar ventaja de algo tan castigado en estos días como es la salud y la búsqueda de un empleo digno.
Javier Blasco de Luna
Director, The Adecco Group Institute
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